El Congreso ha sido un ámbito en el que se han presentado diversas prácticas que buscan lograr una comunidad inclusiva al cuidado del medio ambiente con el protagonismo de personas con discapacidad.

Entre las prácticas presentadas, se seleccionaron las consideradas excelentes. De ellas, destacamos dos, una vinculada a la SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL y la segunda vinculada a la SOSTENIBILIDAD SOCIAL.

ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA. Impulsando la gestión sostenible de residuos para la creación de comunidades verdes

Se trata de un Ecoparque en el centro de Granada, España, que se ha convertido en el punto verde de la ciudad.

¿De qué manera? Allí se reciben los residuos provenientes de la ciudad y se encargan de gestionarlos, reciclarlos y reutilizarlos. Las personas que trabajan en este punto limpio son personas con discapacidad formadas en el tema de la economía circular.

Este espacio, además de ofrecer posibilidades de formación que responden a los intereses de cada persona, permite que entrenen habilidades laborales en un contexto de trabajo real.

En el Ecoparque, existe un kiosco sustentable donde los trabajadores informan a los ciudadanos sobre cómo pueden cuidar el medioambiente. Cuentan, además con dos proyectos: Uno de ellos asiste a Centros, universidades y Hospitales de Granada recogiendo envases y residuos que llevan a un contenedor para trasladarlo y que sean tratados.

Otro de los proyectos, se basa en la recogida de aparatos electrónicos. Se trasladan dos veces al mes a los diferentes municipios y allí informan sobre las actividades que realizan y sobre la manera en la que pueden tratar este tipo de residuos.

Comunidad donde se desarrolla la experiencia: Andalucía

¿Quién presenta la experiencia?: Centro Ecoparque Fundación Purísima ASPROGRADES Granada

País:  España

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Participación organizada del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid

La buena práctica consiste en el desarrollo de un proceso de dinamización asociativa impulsado por Plena Inclusión Madrid y participado por todas las entidades federadas ubicadas en el municipio de Madrid, para la participación en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid mediante la presentación de un proyecto participado y consensuado previamente por todos los agentes del movimiento asociativo y su defensa conjunta y organizada para que este saliera adelante.

El proyecto elegido para este proceso fue el de la creación de una Oficina de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La elección de este proyecto fue el resultado de un proceso participativo en el que se presentaron más de 30 proyectos diferentes que se sometieron a votación.

En el año 2022 la Oficina de Vida Independiente comenzó a funcionar como un recurso más dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto es sumamente significativo ya que es el primer recurso para personas con discapacidad en España. Un servicio que presta apoyo personalizado a personas que deseen desarrollar su proyecto de vida en comunidad.

Comunidad donde se desarrolla la experiencia: Comunidad de Madrid

¿Quién presenta la experiencia?: Plena Inclusión Madrid. Jose Mª Jiménez Lalanda, responsable de proyectos de vida independiente y Daniel Diaz, activista con discapacidad intelectual.

País: España

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Desde el grandilocuente “¿qué querés ser cuando seas grande?”, hasta el cotidiano “¿qué comemos a la noche?”: esas preguntas son algunas de las que solemos enfrentar durante nuestra vida y que pueden (o no) ser determinantes en nuestro camino. 

Ahora bien, aunque esta rutina “de preguntas” pueda parecernos de lo más común, este escenario es más difícil para personas con diferentes discapacidades intelectuales. 

Aunque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza en su artículo 19 (año 2006, ratificada por Argentina en 2008) el derecho de este colectivo a decidir cómo, dónde y con quién vivir, este es uno de los más vulnerados. Este fue el tema que rigió el Primer Encuentro Iberoamericano sobre Vida Independiente en Personas con Discapacidad, organizado en San Martín de los Andes por la Asociación Civil Puentes de Luz, la Confederación española Plena Inclusión y la Universidad Nacional del Comahue. En este, participaron 178 personas, entre profesionales, familiares, personas con discapacidad, autoridades, y el aval de 20 organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de impulsar una agenda urgente: la necesidad de políticas públicas para la vida independiente. En este intercambio, todos los participantes llegaron a la conclusión de que la vida independiente y en comunidad actualmente solo es posible con el apoyo y financiamiento de las organizaciones, de las familias, personas de la comunidad y las acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de algunas empresas. 

Debe trabajarse en el reclamo de políticas públicas que garanticen la posibilidad de ejercer el derecho a una vida plena.

Crédito de la fotografía: Tiempo Argentino

Accesibilidad en el transporte público o estaciones

En el caso por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, el entorno muchas veces no brinda las condiciones de accesibilidad para las casi 300 mil personas con discapacidad que residen allí. Esto es especialmente visible en ciertos medios de transporte como el subte, en el que la falta de ascensores, escaleras mecánicas o baños públicos adaptados dificulta el acceso a las personas que necesiten trasladarse en silla de ruedas o con la ayuda de muletas, andador o bastón. 

Aunque realizar un proceso de transformación de este tipo de transporte para volverlo accesible puede llevar mucho tiempo, es importante pensar en ciertas soluciones alternativas para el “mientras tanto”: un sistema de combis o colectivos equipados especialmente que realice los recorridos de la red de subte en los horarios de mayor demanda podría ser una muy buena opción para garantizar la accesibilidad.

Baños accesibles en bares y restaurantes

Nuevamente tomando como ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, existe una gran cantidad de bares, restaurantes, negocios de distintos rubros, salas de espectáculos y todo tipo de espacios e instituciones que no cuentan con baños adaptados, imposibilitando el acceso a las personas con alguna discapacidad motriz.

Esto, además, va en contra a la ley porteña 962, sancionada en 2003, en la que se modificó el código de edificación de la Ciudad con el objetivo de brindar “accesibilidad física para todos”. Para lograr un amplio cumplimiento de esta Ley, la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), trabaja en forma articulada con distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Además, la app “BA Accesible” permite marcar en el mapa de la Ciudad bares, restaurantes, museos, teatros, hoteles, edificios gubernamentales, entre otros espacios, sobre los que cada usuario, de manera colaborativa, puede señalar qué tipo de apoyos accesibles tiene.

Sin permiso para ingresar con el perro guía

La Ley nacional 26.858, sancionada en 2013, asegura que toda persona con discapacidad acompañada por un perro guía o de asistencia puede acceder, deambular y permanecer en lugares públicos y privados de acceso público. Entre estos, pueden contarse hoteles, establecimientos en general y lugares en que se presten servicios relacionados con el turismo, y también en todo transporte público y privado.

A pesar de esto, casi la mitad no permite el ingreso de mascotas, conjunto en el cual están considerados los perros de asistencia. Una de las principales causas de esto es la falta de conocimiento de la Ley que establece este derecho, por lo que se deben implementar campañas y programas de difusión.

Falta de menús en braille en los bares

En CABA, este derecho se establece mediante la ley 66 de la Ciudad. El objetivo es brindarle a todos los clientes información cierta y clara, ajustándose de esta manera al artículo 4 de la ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Pocos contenidos audiovisuales

El acceso universal a contenido audiovisual está dado a través de herramientas como el subtitulado oculto (closed caption), el lenguaje de señas y la audiodescripción. Poder contar con formatos accesibles es un derecho establecido en el artículo 66 de la ley nacional 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). De esta manera, las emisiones de canales de televisión abierta, las señales locales de producción propia en los sistemas por suscripción por cable y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deberían incorporar esos medios de comunicación visual adicional para que las personas con discapacidades sensoriales puedan acceder a ellos.