El reclamo por un reajuste arancelario afecta a 230 mil personas, y es por tiempo indeterminado, según lo indicado por la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad.

Se espera que las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) convoquen a un encuentro con los trabajadores para poder encontrar una solución mediante el diálogo.

La demanda principal al Estado es por una actualización del monto que cobran por cada traslado que, a raíz del fuerte aumento en el precio de los combustibles, ha quedado sumamente desactualizado.

Desde la Andis se informó que hasta el mes de diciembre el servicio de transporte se había incrementado mensualmente según lo que había aprobado por el Directorio de discapacidad (integrado por el organismo, junto a la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y otras asociaciones). La suba reciente, tanto del combustible como de otros insumos para el transporte, provocó que la brecha entre los aumentos y los incrementos en los costos operativos sea insostenible, según lo declarado por el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien agregó también que “sin transporte las personas con discapacidad no pueden acceder a las demás prestaciones de salud, educación, terapéuticas y rehabilitación, entre otras. Que la discapacidad está en emergencia, no es una frase, es una realidad”