La inclusión social de las personas con discapacidad en Argentina atraviesa actualmente uno de sus momentos más críticos. Lo que debería ser una política de Estado inquebrantable, anclada en derechos humanos fundamentales y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se ve hoy seriamente amenazada por recortes presupuestarios drásticos y una creciente incertidumbre que afecta directamente la calidad de vida y la autonomía de miles de ciudadanos, entre PcD y prestadores de servicios del sector. 

La encrucijada de la discapacidad en Argentina

La situación es alarmante. Desde hace varios meses, prestadores de servicios esenciales para personas con discapacidad —como terapias de rehabilitación, transporte especializado, acompañamiento terapéutico y educación inclusiva— denuncian una deuda acumulada por parte del Estado y las obras sociales que pone en jaque su continuidad. Estos prestadores, en su mayoría pequeños y medianos emprendimientos, se encuentran al borde del colapso, lo que implica una interrupción abrupta de tratamientos vitales para niños, adolescentes y adultos con discapacidad. La falta de pago y la reducción de aranceles no solo desfinancian la red de apoyo, sino que también desmotivan a profesionales que son el pilar de la autonomía y el desarrollo de esta población.

Los recortes presupuestarios se manifiestan de diversas formas: desde la suspensión de programas y subsidios destinados a la discapacidad hasta la demora o la interrupción en la entrega de insumos, medicación y elementos ortopédicos. Esta desfinanciación impacta directamente en el acceso a la salud, la educación, el empleo y la participación plena en la sociedad, contraviniendo el espíritu y la letra de la CDPD, de la cual Argentina es adherente y que posee jerarquía constitucional.

En este contexto de profunda vulnerabilidad y exposición y presión social, ha emergido con fuerza el tratado de la ley de emergencia en discapacidad. Esta iniciativa, impulsada por organizaciones de la sociedad civil, familiares y personas con discapacidad, busca declarar la emergencia sociosanitaria en el sector, garantizando la continuidad de las prestaciones, el pago de las deudas a los prestadores, la actualización de aranceles y la asignación de recursos suficientes y sostenibles. El objetivo es frenar el desmantelamiento de un sistema de atención que costó décadas construir y que es indispensable para la vida digna de millones de argentinos.

La situación actual de la discapacidad en Argentina no es meramente una cuestión económica; es una cuestión de derechos humanos. Los recortes no son solo cifras en un presupuesto; son vidas afectadas, autonomías cercenadas y futuros postergados. Es imperativo que el Estado asuma su rol indelegable de garante de derechos y que la sociedad en su conjunto se comprometa en la defensa de la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad. La aprobación y posterior promulgación de la ley de emergencia es una oportunidad para reafirmar este compromiso y construir un futuro donde la discapacidad no sea un obstáculo, sino una dimensión más de la rica diversidad humana.

Bibliografía 

• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
• https://www.infobae.com/politica/2025/06/05/la-camara-de-diputados-aprobo-la-ley-de-emergencia-en-discapacidad/