A lo largo de varios artículos, hemos hablado de la importancia de garantizar la autodeterminación y autonomía de las personas con discapacidad, reconociendo y respetando sus derechos por sobre todas las cosas. ¿Qué sucede, por ejemplo con los casos de esterilización sin consentimiento?
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A lo largo de varios artículos, hemos hablado de la importancia de garantizar la autodeterminación y autonomía de las personas con discapacidad, reconociendo y respetando sus derechos por sobre todas las cosas. Es un largo camino a recorrer, y año tras año se logran pequeños avances hacia una transformación que lleve a una mejor calidad de vida y a la formación de una comunidad más inclusiva.
Recién en el año 2020, por ejemplo, se logró prohibir la esterilización forzada de personas con discapacidad en España, pero esta práctica sigue vigente en muchos países de la Unión Europea a excepción de nueve Estados en donde se penaliza. De esta forma, se vulnera el derecho a la sexualidad, llevando adelante un proceso que es irreversible, y considerando de alguna manera que se tiene la potestad sobre la vida de una persona adulta, que debe tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones.
Según el Consejo General del Poder Judicial español, en 2020 (antes del cambio de legislación) se resolvieron 28 casos de esterilizaciones forzadas a pcd (personas con discapacidad) en el país, y en los 10 años anteriores se abrieron 932 procesos. Sin embargo, y aunque estos números ya sean preocupantes, los mismos no reflejan con exactitud el panorama de las esterilizaciones forzadas, ya que no están consideradas las cirugías que se realizaron fuera del margen de la ley.
Las marcas que deja este tipo de procesos son imborrables: así lo expresa Rosario Ruiz, una española de 53 años con un 67% de discapacidad a quien sus padres esterilizaron a la fuerza a sus 21 años. Los padres de Rosario no aprobaban su noviazgo con Antonio (a quien conoció en un centro ocupacional de día), y al hablar con el médico de cabecera de su hija, este recomendó la esterilización.
Rosario fue sometida a esta cirugía sin explicarle previamente las consecuencias de la misma. “Me llevaron al hospital y me dijeron que si no me operaba me separarían de Antonio y me internarían en un centro hasta que me muriese”, cuenta Rosario, y agrega: “A mí me han destruido. He perdido mi derecho como mujer y como persona”.
El debate acerca de la esterilización forzada está en su punto más álgido: los diputados de la Unión Europea buscan que la prohibición de esta práctica (lo que obligaría a los Estados miembros a cambiar sus legislaciones estatales) forme parte de la nueva directiva sobre la lucha contra la violencia contra las Mujeres, que será votada a principios de julio.
Se trata de respetar, entonces, esto de “Mi cuerpo, mi territorio”.
